La Cámara de Diputados rechazó la última rendición de cuentas de Alberto Rodríguez Saá que dejó un déficit de $93 mil millones

La ejecución de los gastos en el último año del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá fueron centro de debate este miércoles. La Cuenta de Inversión fue rechazada por mayoría por la Cámara de Diputados ante el grave déficit de $93.125.748.517.

La votación culminó 26 a 9 a favor del rechazo. Fueron tachadas por los legisladores del interbloque de Cambia San Luis-UCR y diputados dialoguistas. En tanto que los legisladores de la fuerza del ex gobernador, Unión por San Luis, buscaban la aprobación.

Concretamente, el rechazo fue por el “incumplimiento del principio de equilibrio fiscal, ineficiencia e ineficacia en la administración de los fondos públicos y el compromiso de gastos sin los debidos créditos presupuestarios que a su vez importaron la afectación de ejercicios futuros”.

Fue el dictamen por mayoría de la Comisión de Finanzas, Obras Públicas y Economía el debatido y sometido a la votación del cuerpo. Ésta tomó el informe del Tribunal de Cuentas que en su dictamen confirmó el rojo de las finanzas.

Para comprender la hay que subrayar varios aspectos que reflejan las Cuentas. El primero es que, mientras que fueron contemplados ingresos por $474.799.990.922, los gastos fueron de $567.925.739.439. Es decir, un 17,03% más de lo que le entró.

¿Cuál fue la fórmula del Gobierno saliente para tapar el agujero negro? Cubrió el desfasaje echando mano a $72.130.284.106  de los títulos públicos con los que el Estado Nacional pagó la deuda a San Luis. La consecuencia es que entregó la Provincia con las arcas vacías.

Es aquí que se encuentra el déficit operativo $93.125.748.517.

La encargada de defender la postura por el rechazo fue la presidenta de la Comisión de Finanzas, Hacienda y Economía y jefa de la bancada oficialista, Eugenia Gallardo (Cambia San Luis-UCR).

“Si lo queremos dimensionar el déficit equivale a la construcción de 4 mil viviendas. Hace 5 años que las cuentas de la provincia registran déficit. Se trata de un déficit crónico”, sostuvo en el recinto a la vez que utilizó para fundamentar su exposición, una voz con autoridad,  un estudio financiero de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Decimos que la administración de los fondos públicos es ineficiente e ineficaz, porque del total de la ejecución de gastos de capital, el importe afectado estrictamente a obras públicas es solo el 12%; y de este importe solo el 8,11% fueron obras financiadas con recursos de origen provincial”, agregó.

Y precisó que casi un tercio del total del Presupuesto aprobado fueron gastos dirigidos a 32 entes descentralizados y empresas del Estado: “Desde la UBA señalan que, por su naturaleza, se dificulta el control del uso de los recursos públicos que les aporta la Provincia”.

Del mismo modo señaló que, más allá de contar con recursos extraordinarios “la pobreza en la provincia creció, sobre todo la infantil; aumentó la deserción escolar, bajaron los niveles de aprendizaje escolar. según las pruebas Aprender; la inseguridad también creció. Todo esto acompañado con indicadores de falta de transparencia en la gestión pública y bajísima calidad institucional”.

Otro de los cuadros que fue expuesto fue el saldo del Tesoro. Allí el Tribunal de Cuentas precisa que al final del año pasado se contaba con $93.590 millones, aunque casi todo ya estaba comprometido.

“Está conformado por todos los plazos fijos, títulos públicos, bonos, cuentas corrientes, moneda extranjera, está conformado por todos los recursos del Tesoro”, puntualizó Gallardo y agregó que, en el caso de utilizarlos, “hubiera implicado no cumplir con los deberes de funcionario público o malversación de fondos, no puede darse otro destino que no sea el que la ley indica”.

“Los fondos de los plazos fijos se encontraban afectados y no eran de libre disponibilidad”, enfatizó.

Por el lado de la oposición, el miembro informante por la minoría, Joaquín Beltrán (Unión por San Luis) buscó explicar que hubo un correcto uso de los fondos públicos y que las Cuentas debían aprobarse.

“Al cierre de la gestión de Alberto Rodríguez Saá, nuestra provincia no enfrentó números en rojo, no dejó una administración deficitaria, por el contrario, quedó una excelente administración pública caracterizada por la prudencia y el orden en el manejo de los recursos”, dijo.

Seguidamente pidió aprobar los números por los “logros” como la construcción de obra pública, la “recuperación del poder adquisitivo” o la generación de trabajo.

También indicó que no contaron con la suficiente información y que el informe del Tribunal de Cuentas no tuvo el debido tratamiento profundo que correspondía.

“Se usó una parte muy pequeña de esos ahorros para poder mantener todas las políticas públicas que impulsó el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá y que permitieron mantener la paz social y el desarrollo de nuestra provincia en un año tan complicado como fue el 2023”, aseveró.

Otra voz que se pronunció por el rechazo fue la del presidente de Diputados, Alberto Leyes, quien detalló la decisión política del ex gobernador de fundir la Provincia.

“Muchos de los diputados hoy presentes en el recinto y otros que finalizaron su mandato el 10 de diciembre, fueron testigos de una reunión convocada por el entonces gobernador de la provincia en la cual nos dijo que se iba a mandar un paquete de leyes que significaría el desguace de la provincia que la iba a detonar y así asfixiar a un Gobierno elegido por el pueblo, generar la imposibilidad de disponer de fondos distribuyéndolos en distintos organismos y en menos de dos años tuviese que entregarlo”, relató.

Otro punto que subrayó Gallardo es que el saldo del Tesoro fue de $5.510 millones al 31 de diciembre: “La Provincia estaba literalmente en bancarrota”.

“Cualquier tragedia, contingencia climática, con ese saldo no hubiese podido actuar”, sostuvo y culminó su defensa en que “esta Cuenta de Inversión nos mostró los datos con los que se fue diseñando un plan macabro, para dejar a esta Provincia fundida y a los sanluiseños cada vez más pobres. El desdoblamiento del pago de salarios tiene un gran responsable, y es Alberto Rodríguez Saá”.